La Fiscalía solicita que el juicio contra Dani Alves sea a puerta cerrada

El juicio contra Dani Alves por los presuntos abusos sexuales a una joven en una discoteca de Barcelona hace más de un año podría celebrarse a puerta cerrada. Así lo ha solicitado la Fiscalía, con intención de proteger a la víctima, de cara a un proceso que comenzará el próximo 5 de febrero.

La petición, compartida también por la defensa de la víctima y sin oposición por parte de los abogados de Alves, se traduciría en la única presencia ante el tribunal del letrado de la administración de Justicia, el fiscal y los abogados de la acusación particular y de la defensa del jugador junto con los procuradores. Tanto la sesión del 5, como la del 6 y 7 de febrero serían a puerta cerrada.

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El juicio contra Dani Alves por los presuntos abusos sexuales a una joven en una discoteca de Barcelona hace más de un año podría celebrarse a puerta cerrada. Así lo ha solicitado la Fiscalía, con intención de proteger a la víctima, de cara a un proceso que comenzará el próximo 5 de febrero, tal y como ha desvelado este lunes El Periódico.

La petición, compartida también por la defensa de la víctima y sin oposición por parte de los abogados de Alves, se traduciría en la única presencia ante el tribunal del letrado de la administración de Justicia, el fiscal y los abogados de la acusación particular y de la defensa del jugador junto con los procuradores. Tanto la sesión del 5, como la del 6 y 7 de febrero serían a puerta cerrada.

El tribunal deberá ahora responder en los próximos días a esta solicitud que impediría la presencia de medios de comunicación en el caso más mediático de los últimos años.

Durante esas tres sesiones está previsto que se produzca la declaración de 22 testigos y el propio Alves. Además, los peritos explicarán los informes médicos derivados de las pruebas físicas y psicológicas a las que se sometió la víctima y se visionarán todas las imágenes captadas esa noche.

Tras un año de prisión provisional, Alves se enfrenta ahora a un proceso judicial en el que la Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión, diez de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros.

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